En el transcurso del año 2023, la Consejería de Salud y Consumo ha resuelto 236 procedimientos de sanción en establecimientos de la provincia de Sevilla, lo que ha dado lugar a multas que alcanzan los 4,1 millones de euros, según datos facilitados por la propia consejería. La mayoría de estas sanciones, que ascienden a 3,8 millones de euros, están relacionadas con incumplimientos en el sector servicios, evidenciando una mayor concentración de infracciones en este ámbito.
De los 343 procedimientos que se iniciaron el pasado año, 236 fueron finalmente resueltos, destacando la distribución de los casos: 37 vinculados al sector de la alimentación, 66 relacionados con productos industriales y 243 con servicios. La cuantía elevada de las sanciones responde, en parte, a la inclusión de entidades bancarias en las inspecciones más recientes, según ha informado la Delegación Territorial a Europa Press.
Un aumento de las inspecciones en Sevilla
A lo largo de 2023, los inspectores de la Junta de Andalucía realizaron 1.449 expedientes y levantaron 2.056 actas en diversas campañas de control y supervisión. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a otras provincias andaluzas, algo que se explica, según la Consejería, por la mayor población de Sevilla, que concentra una mayor actividad comercial y de servicios.
Entre las inspecciones llevadas a cabo, se destacan 50 expedientes relacionados con el etiquetado y la seguridad en disfraces, y 266 procedimientos surgidos de inspecciones sobre la información y calidad de los alimentos. Además, 159 expedientes estuvieron vinculados al control de establecimientos que comercializan productos no alimentarios.
Restaurantes, talleres y comercios en el foco de las sanciones
Dentro del sector alimentario, la Consejería abrió 53 expedientes a puestos de mercados de abastos y 99 a establecimientos alimentarios. Asimismo, los negocios de restauración fueron objeto de 208 procedimientos sancionadores. Otros sectores afectados fueron los talleres de reparación de vehículos, que recibieron 42 expedientes, y los comercios de juguetes, con 77 sanciones debido a deficiencias en el etiquetado y la seguridad de los productos.
Un control variable por campañas
El tipo y número de campañas de inspección que se llevan a cabo cada año dependen de la Dirección General de Consumo, por lo que el volumen de procedimientos administrativos puede variar considerablemente de un año a otro. Esta flexibilidad permite adaptar las inspecciones a las prioridades del momento, atendiendo a los sectores más problemáticos o de mayor riesgo para la seguridad y los derechos de los consumidores.
Las cifras revelan un esfuerzo sostenido por parte de la Consejería para garantizar el cumplimiento de la normativa en los sectores clave de la economía sevillana, especialmente en un contexto donde la vigilancia sobre el etiquetado, la seguridad de los productos y la transparencia de la información resultan esenciales para proteger al consumidor.
