El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que su consistorio se unirá a la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de financiación singular para Cataluña, conocido como «el cupo catalán». Esta medida, que ya ha generado una creciente oposición en otras capitales españolas, ha sido calificada por Sanz como «la puntilla para los ayuntamientos de las capitales españolas», en alusión a su impacto negativo sobre la ya complicada situación financiera de las entidades locales.
Este anuncio llega un día después de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, confirmara que su ayuntamiento recurriría el acuerdo al Constitucional. Catalá expresó su preocupación durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, señalando que la medida supone «un golpe para la financiación local». Ahora, Sevilla se suma a este frente de oposición, destacando que, de concretarse la financiación diferenciada para Cataluña, las consecuencias serían nefastas para el resto de los ayuntamientos.
«Un golpe a las finanzas locales»
Durante la presentación de cinco propuestas para mejorar el servicio de Cercanías en la ciudad, José Luis Sanz explicó las razones detrás de su postura, señalando que el acuerdo perjudicaría gravemente a las comunidades autónomas y, en particular, a los ayuntamientos. «Si el Gobierno decide perjudicar al resto de comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Sevilla se incorporará a la iniciativa de otros ayuntamientos como Valencia para recurrir al Constitucional el cupo catalán», afirmó el alcalde, tildando la medida de «injusta».
Sanz señaló que el principal problema es la persistente falta de financiación adecuada para los ayuntamientos en España. «Los más de 8.000 ayuntamientos españoles tienen un problema de infrafinanciación», recordó, añadiendo que, aunque se ha debatido en profundidad sobre la financiación autonómica, «no se ha resuelto la financiación local». Según el alcalde, el acuerdo con Cataluña solo agravaría este problema, dejando a los ayuntamientos en una posición aún más precaria. En este sentido, añadió que «ese cupo catalán va a perjudicar al resto de los españoles, beneficiando solo a los que viven en un rincón de España».
Un frente común contra el cupo catalán
La postura del Ayuntamiento de Sevilla podría abrir la puerta a que más capitales españolas se unan a esta iniciativa. Tal y como ha indicado Sanz, este tipo de recurso necesita del apoyo conjunto de varios ayuntamientos para prosperar. En base al artículo 137 de la Constitución Española y las leyes de bases de régimen local, las entidades locales tienen derecho a defender su autonomía frente a medidas que consideren vulneren los principios de suficiencia financiera.
Para Sanz, este es un motivo de suficiente peso para que las ciudades unan fuerzas. «Nos sumaremos a esa iniciativa», concluyó, refiriéndose a la posibilidad de que Sevilla se incorpore a una acción conjunta en defensa de la financiación municipal.
El debate sobre la financiación autonómica y local sigue siendo un tema candente en la política española, especialmente en un contexto de tensiones territoriales y disputas sobre el reparto de recursos. La decisión final del Gobierno sobre el cupo catalán podría desencadenar una serie de acciones legales, y los ayuntamientos de ciudades como Sevilla y Valencia parecen estar dispuestos a liderar esta resistencia institucional. En un escenario en el que la infrafinanciación de los consistorios es una preocupación recurrente, la cuestión del cupo catalán ha vuelto a situar en el centro del debate el delicado equilibrio entre las diferentes regiones y las responsabilidades del Estado en materia de financiación.
