jueves, enero 20, 2022

La junta transfiere 725,6 millones a ayuntamientos y consejos de ayuda a domicilio

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Departamento de Igualdad, Política Social y Mediación transfirió 725,6 millones de euros a los consejos municipales y provinciales entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 para financiar los servicios de ayuda a domicilio (EE. UU.), y se redujo a diez días el tiempo promedio transcurrido entre la confirmación del acta de liquidación mensual y su pago. Rocio ruiz señaló en el Pleno del Parlamento de Andalucía el esfuerzo de su departamento para pagar este recurso a pesar de la pandemia y el aumento de la demanda, dado que el seguro del sistema de adicciones es el que más ha aumentado. Así, actualmente hay 17.574 usuarios más respecto a finales de diciembre de 2020. un total de 118.623, lo que representa el 43% del monto nacional.

Según ha explicado el asesor, en el periodo de enero a septiembre de 2021 las corporaciones locales cobraron más de 371,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 121,5 millones de euros respecto a lo que se abonó en el mismo periodo de 2018, en la anterior legislatura. Este esfuerzo presupuestario por materializar los pagos por este servicio, fundamental para la conciliación familiar y al mismo tiempo una importante estrategia para combatir la soledad no deseada, también representa un incremento de 65,9 millones más de lo que se pagó en el mismo período de 2019 De igual forma, son 64,4 millones más de lo que se pagó en el mismo período de 2020.

Ruiz subrayó el «paso histórico» dado por el Ministerio de Igualdad al incrementar un 12,3%, hasta los 14,6 euros, la financiación de los costes por hora de los servicios de ayuda a domicilio. que ha estado congelada desde la aprobación de la Ley de Adicciones. «Este gobierno está trabajando intensamente para mejorar la prestación de los servicios de ayuda a domicilio», dijo, haciendo hincapié en «un diálogo pleno con las entidades y sindicatos locales con el fin de mejorar su calidad, así como la contratación de más de 35.000 trabajadores».

Así, el asesor recordó que la gestión de los SADs corresponde a municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, y que estas instituciones organizan el servicio a través de funcionarios públicos o de empresas que prestan el servicio. Sin embargo, reafirmó el compromiso del Ministerio de «proteger el servicio de ayuda a domicilio» y las condiciones laborales del personal de este recurso, «porque es otra forma de mantener un sistema de adicciones, que es tan importante para tantos usuarios y sus familias».

Durante su intervención en el Ayuntamiento, Ruiz explicó con detalle que la apuesta se hizo en un círculo de contactos con entidades locales y sindicatos de doble propósito. Por un lado, que las instituciones responsables también pueden contribuir a la subida de precio / hora como ha hecho la Junta de Andalucía, y que estas entidades velen por que este incremento se utilice para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En este sentido, Ruiz constató que ya hay 454 municipios andaluces que están aplicando un incremento de precio / hora al personal estadounidense, y que en 23 de ellos “se ha complementado esa cantidad, apoyando así el compromiso de mejorar las condiciones laborales de las 35.000 personas que trabajan en este recurso ”.

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los más necesarios para las personas dependientes y sus familias, Considerando que ofrece el apoyo necesario para que estas personas puedan quedarse en casa con los cuidados necesarios, «sin salir del entorno en el que desarrollan su vida». Actualmente, el 48% de las personas en situación de adicción en Andalucía dispone de este servicio, que en los últimos años ha alcanzado su valor más alto con un total de 118.623 usuarios.

Nuevas regulaciones

En su intervención, la consejera también se refirió a la futura orden que regulará la prestación de los servicios de ayuda a domicilio. «Esta asesora no podía desconocer las demandas de los trabajadores, porque en su mayoría son mujeres, y me comprometí con ellos a desarrollar una nueva regulación que mejore sus condiciones laborales y salariales», dijo. Según explicó Ruiz, este texto se encuentra «en una etapa muy avanzada de tramitación», y luego de pasar la etapa de audiencia e informar a la ciudadanía, ya ha sido enviado al Secretario General para un informe legal, ajustado por el Secretario General de Asuntos Sociales. Políticas y publicadas en COLOR -i.

Un nuevo pedido incluirá cláusulas sociales laborales para garantizar los derechos y deberes de los profesionales de la ayuda a domicilio, promover un horario de trabajo digno y conciliador prohibiendo, por ejemplo, la prestación de servicios por menos de una hora.

Asimismo, el reglamento busca establecer un régimen jurídico común para este servicio mediante la consolidación de sus condiciones, tanto para la prestación de los servicios sociales públicos como para la prestación de los servicios derivados de la Ley de Adicciones de 2006. Las intervenciones como procedimiento que garantiza el carácter integral de atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en la escala de acceso a este servicio que no esté relacionada con la Ley de Adicciones, que se considerará únicamente como contribución al costo del servicio.

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