jueves, enero 27, 2022

Moncloa. 26/10/2021 El gobierno representa la futura Ley de Derecho a la Vivienda [Consejo de Ministros/Resúmenes]

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La consejera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presentó al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda, que «pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar» y como una «herramienta poderosa» . luchar contra la desigualdad, la marginación y la exclusión «.

Se trata de una norma «histórica», que fortalece el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, que el Ministro definió como «aquella que sea apta para la vivienda, asequible, eficiente en energía y garantice el acceso a las necesidades básicas sin disfrutarlo». » esfuerzo económico inadmisible para los ciudadanos «.

Sánchez explicó que el texto se refiere de manera especial a las personas con mayores dificultades y a aquellas áreas donde hay mayor tensión del mercado, ofrece seguridad jurídica y es una garantía porque protege al inquilino, arrendatario y propietario y no atenta contra las competencias del Comunidades Autónomas.

La futura ley, según afirmó el Ministro, tiene como objetivo incrementar el fondo de vivienda pública, que ofrece cobertura para solo el 1,6 por ciento de los hogares frente al 10 por ciento que brindan otros países de la región, así como combatir los violentos aumentos de precios. «Tomamos el camino opuesto de la liberalización y las burbujas inmobiliarias, y nos conectamos con la realidad de miles y miles de familias que no podían hacer frente ni siquiera a los suministros básicos», dijo.

Noticias sobre la futura ley de vivienda

Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaLa futura ley impide la venta del fondo público de vivienda social a fondos de inversión, porque está bajo protección permanente y no se puede disponer de él; determina la calificación ilimitada de la vivienda protegida e introduce el concepto de vivienda asequible de incentivo, es decir, la propiedad privada a la que se le otorgan ciertos impuestos u otros beneficios, siempre que se utilice para alquilar a un precio reducido.

Raquel Sánchez también destacó que se incentiva la movilización de viviendas desocupadas, al introducir la posibilidad de que los municipios apliquen un recargo al impuesto predial a las viviendas que llevan más de dos años desocupadas si el propietario tiene cuatro o más viviendas. en el mismo municipio.

La norma mejora el procedimiento de desalojo en situaciones de peligro al simplificar la comunicación entre jueces y servicios sociales, que deberán brindar respuesta habitacional a las familias. El ministro indicó que el plazo de suspensión de hipotecas se amplía de uno a dos meses cuando el propietario de la vivienda es una persona física y de tres a cuatro meses cuando es una persona jurídica.

Otra iniciativa es promover apartamentos de alquiler protegidos a un precio limitado. Sánchez ha adelantado que se establezca una reserva del 30 por ciento en suelo urbanizado, fijando tarifas a la medida de los propietarios en lo que se refiere a derechos adquiridos. Y de esta reserva territorial se está considerando la posibilidad de utilizar el 50% de ese 30% para alquilar departamentos.

Raquel Sánchez añadió que la futura norma permitiría a las comunidades autónomas declarar zonas de tensión en el mercado de la vivienda, donde los inquilinos podrían beneficiarse de una prórroga extraordinaria de sus contratos, de forma anual, por un plazo máximo de tres años. .

El anteproyecto define como «gran propietario» a la persona física o jurídica que posee más de diez inmuebles urbanos con fines residenciales o una superficie edificada de más de 1.500 metros cuadrados. Cuando el propietario sea una gran persona jurídica, el arrendamiento de nuevos contratos firmados en áreas de estrés estará limitado por el contrato anterior o el límite de precio máximo aplicado según el sistema de índice de precios de referencia; Transcurrirá un plazo de 18 meses desde la aprobación de la ley para la aplicación de esta última restricción.

En cuanto al marco fiscal, el Ministro señaló que se ha mejorado la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas con el fin de estimular el alquiler de apartamentos ordinarios a precios asequibles. Los nuevos arrendamientos establecen un porcentaje de reducción del 50%, que se puede incrementar en base a criterios como bajar los alquileres en una zona estresante o alquilar casas en esas zonas a jóvenes de entre 18 y 35 años por primera vez.

Raquel Sánchez añadió que la ley refuerza la cooperación entre administraciones públicas en los ámbitos de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y fomenta la cooperación público-privada con representantes del sector.

Proyecto de ley sobre la calidad de la arquitectura

El Gobierno analizó el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, que tiene como objetivo hacer de la arquitectura un bien de interés general que debe preservarse y promoverse, y es una de las reformas cubiertas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El titular de la Concejalía de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señaló que el ejecutivo pretende acercar la arquitectura a la sociedad y reconocer el valor que aporta al desarrollo económico y social a través de la rehabilitación, mejora de las instalaciones y protección del patrimonio cultural y de la naturaleza.

Además, se configura como un instrumento legislativo para ayudar a consolidar el nuevo modelo de transición de evolución económica, energética, ambiental y social impulsado por los Fondos Next Generation.

Mayor protección de los consumidores de energía

Teresa Ribera durante su intervenciónFoto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros aprobó nuevas medidas de emergencia dada la situación actual de altos precios del gas y la electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Desafío Demográfico, Teresa Ribera, precisó que la medida tiene un triple propósito: promover la protección de los consumidores vulnerables; aumentar la transparencia y la capacidad de supervisión en los mercados de la electricidad y el gas y favorecer la estabilidad de los precios de la electricidad para los consumidores industriales.

Para aumentar la protección de los consumidores vulnerables, el descuento en la factura de la luz aprobada por el bono social eléctrico aumenta del 25% actual al 60% –del 40% al 70% en el caso de los más vulnerables– hasta el 31 de diciembre. Marzo de 2022. Además, el presupuesto del bono termosocial se ha duplicado este año, hasta los 202,5 ​​millones de euros.

Teresa Ribera anunció que, de manera extraordinaria, los consumidores vulnerables recibirán un dinero adicional para el invierno del bono social termal. Pueden disponer de un cheque de 90 euros por familia, durante el mes de diciembre, para cubrir sus necesidades de calefacción, independientemente del sistema de calefacción.

Con el fin de promover la transparencia y mejorar la capacidad de monitoreo de los mercados minoristas de electricidad y gas, los comerciantes notificarán todos los cambios de contrato con un mes de anticipación, describirán en detalle los efectos del cambio en las facturas y deberán enviar transparentes, comparables, comparables y actualizados. información sobre sus ofertas. «Los consumidores deben comprender cuáles son los términos de sus contratos, qué precios pagan y cuáles son los términos» y tener un conjunto de términos ofrecidos por todas las empresas, dijo Ribera.

En el mercado eléctrico mayorista, las empresas deben brindar información sobre los acuerdos bilaterales y las coberturas que hayan suscrito, tanto con terceros como dentro del mismo grupo empresarial.

Teresa Ribera también precisó el ámbito de aplicación de la reducción temporal de beneficios extraordinarios de las plantas de producción que no soportan los costes del gas que se trasladan al mercado mayorista, que es una medida incluida en el Plan de Choque aprobado en septiembre. «Quienes no incluyeron beneficios extraordinarios, ya sea porque tienen contratos a plazo fijo y precio fijo antes del 16 de septiembre de 2021, o porque contractualmente extenderán esa cobertura a precio fijo, están exentos de la reducción».

“En un momento en que la industria tiene una cobertura muy limitada y tiene que ir al mercado mayorista de gas, es fundamental que exista un incentivo para ampliar la contratación de precio fijo para los consumidores industriales”, agregó el ministro.

Ribera concluyó, señalando que estas medidas podrían completarse en los próximos meses, tanto en lo que respecta al régimen de pequeños productores de electricidad renovable vinculados a un régimen estable, como acompañados de consumidores de gas y pequeños comerciantes.

Ampliación del escudo social

Isabel Rodríguez durante su intervenciónFoto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl ejecutivo acordó extender las medidas del llamado «escudo social», que expiraron el 31 de octubre, hasta el 28 de febrero.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordó que una de las características del Gobierno es la protección de los vulnerables, por lo que la ampliación del escudo social coincide con la ampliación del Registro Provisional de Empleo. El gobierno, continuó, «está profundizando su estrategia de garantizar la igualdad, la justicia social y el progreso, al tiempo que consolida la estructura de protección social».

Un real decreto aprobado hoy incluye una prórroga de la garantía de suministro de gas, agua y luz, un bono social para colectivos vulnerables, una suspensión de los desalojos en situaciones de vulnerabilidad y una solicitud de moratoria o exención del pago del alquiler.

Fondo de contingencia para ayudar a La Palma

Una portavoz ejecutiva informó que el Consejo de Ministros había aprobado el uso de 70 millones de euros del fondo de contingencia para mitigar los efectos económicos y sociales de la erupción del volcán La Palma.

De esta cantidad, 63 millones de euros se destinarán a la financiación del Plan Extraordinario de Empleo y Formación para ayudar a las personas que han perdido su empleo. Los casi 7 millones restantes financiarán una concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para apoyar la agricultura y la ganadería en la isla.

«Estamos respondiendo de manera contundente y precisa y esto continuará en el tiempo, hasta que se recupere la normalidad en la isla», dijo Isabel Rodríguez.

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