sábado, abril 17, 2021

El gobierno destina otros 11.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos frente al COVID-19

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El Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas de emergencia para apoyar la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insinuó que de esta forma el Ejecutivo continuaría la labor que viene realizando desde que se declaró el primer estado de emergencia, hace un año, para minimizar el impacto del COVID-19 en el material productivo y el empleo.

“Nunca antes se había dirigido un esfuerzo de esta magnitud, de esta magnitud, hacia todas las empresas y todos los trabajadores”, dijo Montero, quien destacó que el Gobierno también ha protegido el bienestar de las familias y la calidad de los servicios públicos.

Pese a la crisis económica – destacó el portavoz – las comunidades autónomas recibieron los mayores fondos de su historia durante 2020 y 2021 con el fin de garantizar el funcionamiento de servicios tan básicos como la salud, la educación y la atención a las personas más amenazadas.

Predecir problemas de solvencia

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que las medidas buscan anticipar posibles problemas de solvencia debido a las limitadas actividades en los sectores y territorios más afectados por la pandemia. “Estamos tratando de mitigar la disminución de los ingresos y el sobreendeudamiento que podrían poner en peligro la supervivencia de empresas perfectamente viables y así obstaculizar la recuperación”, aseguró.

Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl vicepresidente destacó que los indicadores de actividad diaria señalan una ralentización en el primer trimestre de 2021, en línea con el resto de países europeos durante la tercera ola de la pandemia, pero las previsiones de todas las organizaciones apuntan a una mejora a medida que avanza el año. 2022. Esta tendencia también se ve confirmada por los últimos datos del mercado laboral, que incluyen una reducción en el número de trabajadores sujetos a la normativa de trabajo temporal (ERTE).

Nadia Calviño insinuó que, junto a ERTE, en el mantenimiento de la estructura productiva de la línea clave de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a través del sector financiero – se movilizaron más de 121.000 millones de euros – beneficios extraordinarios para los autónomos, otras excepciones bancarias, fiscales y de seguridad social.

Las ayudas asignadas en 2020 ascendieron al veinte por ciento del producto interno bruto (PIB) y, con las aprobadas hoy, la previsión general para este año ya supera el dos por ciento. «Un esfuerzo fiscal importante, de fundamental importancia, que las instituciones europeas han señalado por su eficiencia y tamaño», dijo.

Nuevos fondos y prórroga de la moratoria

El ministro confirmó que todavía hay semanas complejas y que es necesario anticipar el riesgo de un deterioro significativo del balance de la empresa y un aumento del endeudamiento. El Real Decreto aprobado hoy quiere seguir protegiendo los sectores más vulnerables que son básicamente sostenibles, al tiempo que se llega a un porcentaje significativo de la población vacunada. “Actuando en el momento oportuno, desde el principio, evitamos mayores costos en el futuro”, dijo.

La regulación se divide en tres fondos: una línea de 7.000 millones de euros para ayudar directamente a empresas y autónomos a pagar costes fijos y deudas con proveedores y otros acreedores; una línea de 3.000 millones, para que el ICO pueda seguir los procesos de reestructuración de la deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para recapitalizar las empresas afectadas.

Además, las moratorias concursales y las medidas de orientación en el ámbito de la justicia se han prorrogado hasta fin de año para permitir, entre otras cosas, un plazo que permita restaurar el balance o resolver el proceso de reestructuración.

Línea de ayuda directa de COVID

Esta línea permitirá a las Comunidades Autónomas dar asistencia directa a las empresas y sectores más afectados por la pandemia. Consta de dos apartados: uno con 2.000 millones de euros, especialmente para empresas de Canarias y Baleares, regiones donde el sector turístico tiene más peso; y otros 5.000 millones de euros para el resto de comunidades, que se repartirán según indicadores de renta, paro y paro juvenil.

Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús MonteroFoto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaLas ayudas son no reembolsables y de carácter finalista y deben utilizarse para el pago de deudas contraídas a partir de marzo de 2020, tanto cuentas por pagar como gastos fijos, así como deudas bancarias o financieras, stocks de energía, etc. Pueden acceder a ellos empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído al menos un treinta por ciento en comparación con 2019, dentro de un conjunto de casi un centenar de sectores e industrias más afectadas por las restricciones.

La ayuda puede compensar hasta un 40% de la disminución adicional de los ingresos para las microempresas y medianas empresas y los autónomos, y hasta un 20% para otras empresas. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que pagan por módulo, y el resto oscila entre los 4.000 y los 200.000 euros por empresa.

Nadia Calviño ha señalado que estos 7.000 millones de euros se suman a los 24.000 ya transferidos por el estado a las comunidades para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia.

Línea de reestructuración de deuda financiera

En el proceso de reestructuración de empresas sostenibles con problemas temporales pactados con entidades financieras, se pueden aplicar tres niveles de actuación a los préstamos que cuentan con garantía pública.

El primer nivel consiste en extender el vencimiento de los préstamos, con una prórroga aprobada el pasado mes de noviembre. En otro nivel, estos préstamos se pueden convertir en préstamos participativos, conservando la cobertura de garantía pública. En el tercer nivel, refugio excepcional y definitivo, las transferencias directas a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas podrían reducir el principal del financiamiento garantizado contratado durante la pandemia.

Para articular estas medidas, dijo Calviño, se aprobará un Código de Buenas Prácticas para que el sector financiero y otras organizaciones puedan involucrarse en el apoyo a estas empresas.

Fondo de recapitalización empresarial

Este fondo será gestionado por la sociedad española de financiación del desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y complementa el fondo SEPI para la recapitalización de grandes empresas estratégicas.

Su uso implica la participación del Estado en el lucro futuro de las empresas, así como la estrategia de salida, pues la transitoriedad del fondo se determina por ocho años, según detalló el ministro.

Solicitudes de acceso

Las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño, en rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaPara acceder a todas estas nuevas subvenciones, las empresas deben mantener su negocio hasta el 30 de junio de 2022, y no pueden distribuir dividendos o aumentar las tarifas a la alta dirección durante dos años, mientras cumplen otros requisitos comunes (no tienen residencia fiscal en un impuesto refugio, que no estaba en concurso de acreedores ni dejó de operar en el momento de la solicitud, estaba en proceso de pago de impuestos y seguridad social …).

María Jesús Montero precisó que el Real Decreto establece que el Gobierno formalice la orden de reparto del fondo a las comunidades autónomas en el plazo de un mes y diez días, tras la firma de los convenios correspondientes, y con el objetivo de que a la mayor brevedad posible estar disponible para ayudar a la tela productiva.

Nadia Calviño ha destacado que el Real Decreto-ley complementa la “batería inédita” de instrumentos de apoyo a las empresas con problemas de solvencia, siempre con el objetivo de mantener la actividad y el empleo. Este es un objetivo fundamental para los próximos meses, que requiere enfocar esfuerzos en cuatro prioridades: enfrentar la pandemia y acelerar el proceso de vacunación, asegurar la estabilidad financiera, evitar el impacto estructural en la estructura productiva e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de manera ágil. y de manera eficiente.

Actualidad

Consultada sobre una posible prórroga del estado de emergencia después del 9 de mayo, María Jesús Montero confirmó que el gobierno «no tiene una posición predeterminada» al respecto. La decisión, dijo, dependerá de las variables epidemiológicas y de la prevalencia de la enfermedad durante los 14 días previos a su finalización.

En cuanto a la administración de la vacuna contra AstraZeneca en España, luego de que se registraran varios casos de efectos trombóticos en otros países europeos, un portavoz del ejecutivo informó que en nuestro país no estaba contraindicado ningún tipo de reacción que contraindicara su uso.

Montero transmitió paz a la ciudadanía y valoró el sistema de farmacovigilancia del sistema sanitario español, que permite el seguimiento y registro de todos los efectos secundarios.

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