lunes, enero 24, 2022

El Congreso adopta la Ley contra el fraude fiscal para combatir las formas de fraude relacionadas con las nuevas tecnologías

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Esta norma permite adaptar herramientas para combatir nuevas formas de comportamiento fraudulento asociadas a las nuevas tecnologías, en línea con las políticas desarrolladas por otros países vecinos. También fortalece los instrumentos de procesamiento de la evasión ejecutados por grandes empresas multinacionales a través de una planificación tributaria violenta.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2020 y siguió los procedimientos parlamentarios adecuados. La aprobación de este decreto forma parte de la estrategia del gobierno para modernizar el sistema fiscal español y adaptarlo a los retos del siglo XXI. De hecho, esta medida está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente 27 del mencionado plan, denominado “Medidas y Actuaciones para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal”.

El proyecto de ley contiene cambios en diversas normativas y cifras fiscales, tanto para incorporar el Derecho comunitario a la legislación española como para implementar medidas para reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida. También tiene como objetivo reducir los litigios de los contribuyentes y promover el cumplimiento tributario voluntario.

Medidas concretas para combatir el fraude

Entre las medidas incluidas en el proyecto de ley se encuentra una restricción a los pagos en efectivo para determinadas operaciones económicas, que van desde los 2.500 hasta los 1.000 euros, en el caso de operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. A su vez, el límite de pago en efectivo se reduce de 15.000 a 10.000 euros en el caso de personas físicas con residencia fiscal fuera de España.

Asimismo, la nueva norma prevé la prohibición legal de las amnistías fiscales, evitando que existan quejas comparativas con la mayoría de los contribuyentes, que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Esta ley redujo el umbral de endeudamiento en tesorería, que implica figurar en la lista de deudores, de un millón de euros a 600.000 euros. Además, los responsables solidarios se incluyen en dicha lista de deudores.

La nueva ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, ahora llamado «jurisdicciones no cooperativas», un término utilizado internacionalmente. La lista de paraísos fiscales debe actualizarse periódicamente.

En consonancia con el objetivo de combatir nuevas formas de fraude relacionado con las nuevas tecnologías, la Ley prohíbe la producción, posesión o comercialización del denominado «software de doble uso», que utiliza programas informáticos que manipulan la contabilidad y que las empresas infractoras pueden utilizar para ocultar parte de sus actividades.

Además, a través de esta regla, se fortalecerá el control fiscal en el mercado de las criptomonedas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y realización de negocios con monedas virtuales.

Valor de referencia

Esta nueva ley también prevé una reforma que permitirá, en el caso de los inmuebles, que el valor de referencia del catastro se convierta en base imponible de los impuestos parentales, es decir, los impuestos sobre transferencias familiares y actos jurídicos documentados e impuestos sobre sucesiones y donaciones. Esta misma regla se aplicará al Impuesto sobre el Patrimonio de los inmuebles en cuya adquisición, pesada o lucrativa, la base imponible fue el valor catastral de referencia.

La medida tiene como objetivo reducir los litigios provocados por el valor real, un concepto ambiguo que los tribunales han comparado con el valor de mercado. Como se establece explícitamente en la Ley, el nuevo valor de referencia no puede exceder el valor de mercado, para lo cual se utilizan factores de reducción en la determinación, por lo que su uso como base imponible no implica un aumento de la tributación.

El valor de referencia de cada inmueble se basa en los precios de todos los inmuebles vendidos que fueron efectivamente ejecutados y formalizados ante notario público. Además, se realizarán valoraciones individuales teniendo en cuenta las características de cada inmueble (calidad de construcción, antigüedad, estado de conservación …). Por lo tanto, se calcula con reglas técnicas justas y transparentes, y será determinado por el catastro a través del garante del procedimiento administrativo.

Este nuevo uso del benchmark, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas. De hecho, todas las comunidades del régimen común suscriben convenios de cooperación con el Estado para coordinar acciones relacionadas con el referente.

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia difiere del valor catastral y, por tanto, esta regla no afecta en modo alguno a los impuestos que utilizan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el impuesto sobre la propiedad urbana).

El índice de referencia solo afectará a quien adquiera el inmueble a partir del 1 de enero de 2022, y al mismo tiempo deberá pagar el impuesto, ya sea por el impuesto sobre transferencias familiares y actos jurídicos documentados, o por el impuesto de sucesiones y donaciones. Asimismo, puede afectar al Impuesto sobre el Patrimonio únicamente en aquellas cosas que se relacionen con inmuebles adquiridos posteriormente, en ningún caso a una herencia ya existente.

Transposición de la directiva anti-elusión

La nueva Ley de Medidas para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal también incluye la transposición de la Directiva Europea de Elusión Fiscal (ATAD), que establece normas contra esta práctica que afecta al mercado interior.

En la ley aprobada hoy se han incorporado a la legislación española los ámbitos de la directiva relativos a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y la tributación de las salidas o “impuestos de salida”.

De esta forma, el objetivo es reforzar la fiscalidad en España de las rentas ubicadas en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización. Además, queremos asegurarnos de que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de pagar impuestos sobre las bases imponibles que deben gravar legalmente en España.

Cumplimiento voluntario

La nueva norma contiene acciones que facilitan el alcance del litigio con los contribuyentes y fomentan el pago voluntario. Se prevén cambios en el régimen de reducción aplicado a las sanciones fiscales y el régimen de copagos con el fin de lograr una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, este proyecto de ley incluye medidas para fortalecer el control de los operadores de juego, que deben cooperar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se proporcionan mecanismos para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y para combatir el fraude que pueda ocurrir en las apuestas deportivas.

Inclusión de enmiendas

Durante el proceso parlamentario, también se incorporó mediante enmiendas que refuerzan la naturaleza de la justicia fiscal exigida por la ley. Por ejemplo, se aprobó en el Congreso que las Socimi (sociedades inmobiliarias cotizadas) pagarían un impuesto del 15% sobre sus ganancias retenidas.

Además, en relación a las Sicav (empresas con inversiones de capital variable), su control se refuerza mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una empresa por división, para socios que deben ser al menos 100.

La segunda enmienda introducida en la Cámara de los Comunes establece que cuando sea necesario realizar una inspección fiscal en la residencia del contribuyente, la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del contribuyente o una autorización judicial. Una solicitud de permiso judicial para ingresar a una vivienda debe estar justificada y contener su propósito, necesidad y proporcionalidad. Se podrá presentar una solicitud y el otorgamiento de la autorización judicial, incluso antes del inicio formal del procedimiento correspondiente.

Otras modificaciones fueron introducidas durante su trámite en el Senado y permitirán mantener el actual tratamiento fiscal de las herencias cedidas en vida, los denominados “convenios sucesorios”, en aquellos activos vendidos cinco años después de dicha transferencia.

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